Ambas formaciones creen que lo público es menos costoso, mejora el servicio y frena la corrupción. Y denuncian que PP, PSOE y C’s boicotean en los PGE los procesos de remunicipalización para seguir sosteniendo el actual “capitalismo de amiguetes”.

 

Tras las elecciones municipales de 2015, muchos ayuntamientos están llevando a cabo procesos de remunicipalización de servicios para que estos se presten directamente desde lo público en lugar de por empresas privadas.

Es el caso del servicio de grúa en Santiago de Compostela, el sistema funerario o las instalaciones deportivas en Madrid, el servicio de playas en Cádiz o la gestión del agua en Valladolid.

En el caso de Marbella, como parte de los acuerdos del gobierno tripartito (PSOE+OSP+IU) con CSSP, se trabaja en la recuperación de servicios como la grúa, la zona azul o el socorrismo en las playas, así como en la revisión de concesiones para recuperar espacios públicos privatizados (instalaciones deportivas, colegios, residencias de mayores, parkings…) durante la época de GIL y del PP. Ya en Pleno se aprobó en 2016 una propuesta de CSSP-PODEMOS para estudiar la recuperación del servicio del agua, que ahora prestan Hidralia, anteriormente Aquagest.

Tanto IU como PODEMOS recuerdan que lo público ofrece muchas ventajas:

  • En primer lugar, porque el objetivo de las empresas privadas no es ofrecer el mejor servicio a todos en igualdad de condiciones, sino obtener el mayor beneficio. “El servicio, que es necesario para la ciudadanía, se convierte en un negocio”.

  • El servicio público tiene menor coste dado que no necesita tener ganancias. Cuando es privado, los beneficios son para las empresas pero, las pérdidas las asume y rescata lo público, caso de Marbella con el transporte, cuando el PP pretendía pagar a Portillo un canon de 1,8 millones de euros anuales para cubrir rutas no rentables y la renovación de su flota.

  • La privatización de servicios fomenta el empleo precario como modo de ahorrar costes por parte de las empresas para así ganar los concursos de concesión. Frente a esto, las instituciones deben apoyar el empleo digno.

  • Por último, no debemos olvidar que la privatización ha sido el espacio donde se han desarrollado la gran mayoría de los casos de corrupción.

Precisamente por estos motivos, el gobierno del PP, con la complicidad de PSOE y Cs, ha decidido boicotear estos procesos de remunicipalización en los Presupuestos Generales del Estado al impedir la integración de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas.

Para IU y PODEMOS se impide cualquier remunicipalización de cierta envergadura, dado que no se dispondrá de trabajadores y trabajadoras con profesionalidad y experiencia para que funcione el servicio. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los ayuntamientos no pueden contratar trabajadores a causa de las leyes impuestas por PP y PSOE. “Si no se puede contratar, ¿cómo vamos a recuperar un servicio? ¿Quién lo va a dar?”-se preguntan desde PODEMOS e IU-.

Ambas formaciones denuncian que,  al impedir tanto contratar como integrar trabajadores,  se obliga a privatizar “como si así se ahorrase dinero cuando lo cierto es que hay un gasto mayor al contratar a una empresa privada”.

Esta es una imposición ideológica de un grupo que no aprecia la democracia, “se intenta evitar desde el poder lo que el pueblo ha votado, se ataca a los ayuntamientos, la democracia más cercana, y, con esto, se corrompe la Constitución que legitima la independencia de los ayuntamientos”.

IU y PODEMOS denuncian la doble moral de PSOE, C’s y PP, puesto que, si el propio gobierno central hace discursos de supuesta recuperación económica, es hora de que liberen a los ayuntamientos y permitan contratar personal libremente, atendiendo a las necesidades reales.

Por ello, hoy han anunciado en rueda de prensa una propuesta conjunta para el próximo pleno que inste al gobierno central a modificar esta ley.

Antonio Casares
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