Viene siendo cada vez más recurrente el artificial debate –implantado de manera interesada y sesgada por el modelo neoliberal y las leyes impuestas en su beneficio– sobre la supuesta mayor eficacia y solvencia económica de la gestión privada de los servicios públicos.

Y no es nada arriesgado utilizar el término artificial, puesto que no hay ninguna evidencia empírica o argumental que demuestre esta supuesta solvencia. Más bien al contrario.

Existen múltiples informes, estudios y ejemplos (los veremos más adelante) que demuestran que la gestión privada de los servicios públicos resulta siempre en:

  • Un mayor coste económico.
  • Una importante merma de la calidad de estos.
  • Y una situación de precariedad laboral de sus trabajadores y trabajadoras.

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Tanto es así que el mismísimo Tribunal de Cuentas, en un informe en el que analizaba el suministro de servicios de limpieza urbana y recogida de residuos sólidos bajo gestión municipal y a cargo de las empresas concesionarias, concluye que la gestión privada es de peor calidad y más cara:

  • Un 27% más la recogida de basuras.
  • Un 71% más la limpieza.

Esto es fácil de entender si tenemos en cuenta que el principal objetivo de la gestión privada no es el de la prestación de un servicio en términos de calidad ni de rentabilidad social, sino el mero beneficio económico.

Resulta difícil, cuando no imposible, explicar que la gestión de un servicio pueda resultar más barata donde se tiene que obtener un beneficio –lo que supone un coste adicional– que donde no.

Algún cuñado podría argumentar que este coste es mayor en la gestión directa porque las condiciones laborales y salariales son más altas en la administración pública. Esto no es así, dado que este mayor coste se vería compensado por el beneficio que obtiene la empresa privada: cambiando calidad del empleo y salarios dignos por el beneficio de unos pocos.

Así, esto no puede ser un argumento, ya que las condiciones laborales y salariales de la administración pública no tendrían que entenderse como privilegios (que no lo son), sino como el referente digno hacia el que tendría que tender todo el empleo. El objetivo debería ser igualar al alza estas condiciones y no pretender precarizar también aquellos sectores de la sociedad que aún conservan condiciones dignas.

Otro cuñado podría objetar que la gestión pública resulta menos eficientedeberíamos eliminar del lenguaje el términos como productividad o competitividad, que solo analizan los datos desde una perspectiva mercantilista– porque, abusando de estas condiciones, algunos trabajadores se aprovechan. Pero si algo demuestra lo anterior es la incapacidad o incompetencia de los responsables de esta gestión. Cuando no el interés en permitir el abuso para luego criminalizar a la plantilla con la intención de justificar la privatización de estos servicios.

Es común también la afirmación de que el sector público español está sobredimensionado y que esto lo hace ineficiente y costoso. Otra mentira más.

El porcentaje de la población activa que trabaja en la administración pública española es el 14%, similar al de Alemania, inferior al de Francia y Reino Unido, en los que es el 16%, inferior a la media de la OCDE, que es el 22%, y muy inferior al de países como Dinamarca, Suecia y Finlandia, en los que está en torno al 25%.  Estos últimos países –los más desarrollados socialmente del mundo– demuestran, igualmente, que es mentira que la administración pública sea ineficiente.

Otro argumento común es que la administración pública potencia el enchufismo y el nepotismo. Pero es, precisamente, en este aspecto en el que más garantías de objetividad e igualdad de oportunidades de acceso al empleo presenta el sector público: siempre que se respeten los procedimientos de selección que determina la ley.

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Una vez más, el problema no está en el sistema público, sino en la gestión que se hace de él en interés de unos pocos. Cuando realmente son comunes estas maneras de actuar es cuando se privatizan los servicios y las empresas concesionarias contratan a cuotas de personas afines a los partidos políticos que otorgan esa concesión (además de, en muchos casos, pagar comisiones por ellas).

Llegados a este punto, y mostrado que son falsos todos los argumentos que se esgrimen en contra de la gestión directa de los servicios, cabría hacernos la siguiente pregunta:

¿Por qué hay tanto interés en privatizarlos y, con objeto de ello, intentar hacer creer a la población todas las falacias antes expuestas?

La respuesta es muy sencilla: para crear lucrativas, indecentes y desleales fuentes de negocio.

Un negocio que, en la mayoría de los casos, siempre queda en manos de empresas afines para el enriquecimiento de unos pocos con el dinero de todos. Enriquecimiento del que también es común que una parte vaya a quienes privatizan el servicio en forma de comisiones o financiación ilegal al partido. También en retiros millonarios a través de puertas giratorias.

No es nada exagerado definir estas fuentes de negocio como desleales e injustas y también es muy fácil de entender.

La prestación de servicios públicos no debería estar en manos privadas porque su rentabilidad debe medirse términos sociales, no en términos económicos. Y lo es así porque son servicios en los que no cabe la posibilidad de elegir.

Una persona puede elegir si ir al cine o no, si comprarse un televisor o no, si contrata a otra persona o empresa para pintar su vivienda o lo hace ella misma. Pero no puede elegir si va al médico cuando se encuentra enferma, si usa el agua para poner la lavadora o ducharse, o si recogen la basura de su calle.

Si estas cuestiones se dejan en manos privadas, la prioridad no será si se cubren estas necesidades sociales, sino si el hacerlo es rentable. Y, en los casos en los que no lo sea, se van a quedar sin prestar, se van a prestar de manera deficiente o, directamente, se va a dejar fuera de esta prestación a la parte que no sea rentable. Es obligación de un estado y sus diversas administraciones asegurar que esto no ocurra. Por eso no puede estar en manos privadas.

Dicho todo lo anterior podríamos pasar a describir el proceso a través del cual se  propicia y justifica la privatización de estos servicios en 6 sencillos pasos.

La secuencia, en rasgos generales, sería la siguiente:

  1. Tenemos un servicio público.
  2. Lo deterioramos a propósito recortando personal y recursos con la excusa de que no hay dinero (mientras se rescata a bancos y se permite que las grandes empresas no paguen prácticamente impuestos).
  3. Cuando lo hemos deteriorado lo suficiente decimos que no es eficiente y que hay que privatizarlo.
  4. Llega una empresa privada y oferta gestionar ese servicio por mucho menos dinero (una cantidad que no es real).
  5. Una vez en manos privadas, la empresa empieza a decir que no le resulta rentable y que tiene que pagar menos a sus trabajadores, despedir a una parte y cobrar más por lo servicios.
  6. La administración, como es un servicio que no puede dejar de prestar, se ve obligada a aumentar la cantidad que le paga a la empresa. Y al final resulta que se gasta más de lo que se estaba gastando antes, con el añadido de que el servicio es de peor calidad y tenemos a menos personas ocupadas y ganando bastante menos.

Si a esto le sumamos que, por el camino, la empresa le ha pagado una comisión a los artífices de la privatización y que luego los contrata para no hacer nada cobrando una fortuna… blanco y en botella, que se diría.

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Pero lo vamos a entender mucho más fácil con un ejemplo real y cercano: el caso de Limasa en Málaga.

  • En abril del año 2000 el Ayuntamiento de Málaga saca un concurso para contratar un nuevo servicio de limpieza.
  • Un año después, en 2001, se contrata a las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)*, Urbaser** y Sando, que, con el Ayuntamiento como socio minoritario (49% de las acciones), crean Limasa III.
  • El contrato se firmó por una cantidad de 42,8 millones anuales.
  • Pero en 2002 la empresa ya empezó a decir que el dinero era insuficiente. Y empezó a reclamar una revisión al alza del contrato.
  • Tras unos años de litigio, finalmente en 2005 se firmó una revisión del contrato en lo que se denominó “el contrato del siglo”.
  • En este contrato se le garantizaba a la empresa un 2% de beneficio anual, se le compensaba económicamente por los aumentos de coste salarial (66,1 millones en estos 10 años), se le asignaba un canon del  2’5% anual por asistencia técnica*** (24,6 millones en estos 10 años) y se le abonaba también una cantidad por costes estructurales y costes financieros.

El resultado:

  • El coste ha pasado de los 48,2 millones anuales del principio a los 89 millones actuales.
  • Los beneficios han aumentado un 148% (de los que solo un 25’5% han ido a salarios).
  • La empresa ha ganado más de 50 millones de euros en los últimos 10 años.
  • Esto ha llevado a que Málaga se convierta en la 2ª ciudad de España de más de 500.000 habitantes en la que es más cara la limpieza, con un coste medio por habitante anual de 156 euros (en Barcelona es de 166,5, en Madrid de 143,1 y en Sevilla de 138,5).
  • Mientras tanto, se encuentra en el puesto 52 de una encuesta de la OCU elaborada en 60 ciudades, capitales de provincia y grandes municipios en los que la ciudadanía valoraba el servicio****.

Podríamos seguir eternamente poniendo ejemplos y enumerando casos similares:

  • La sanidad en las comunidades de Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha.
  • La limpieza en Madrid o Barcelona.
  • El agua en multitud de municipios (Marbella entre ellos).
  • Etcétera.

Pero todos arrojarían el mismo resultado: la gestión de los servicios públicos es más cara, más ineficiente, de peor calidad y con peores condiciones laborales en manos de empresas privadas.


*FCC ha sido denunciada recientemente por el Ayuntamiento de Barcelona por indicios de que falseó datos e infló facturas por valor de 800.000 euros. También Badalona ha llevado a la fiscalía a la misma empresa por un supuesto fraude de 12,8 millones de euros.

**Urbaser ha sido obligada en reciente sentencia a reintegrar al Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) más de 5 millones de euros por facturación indebida de los servicios de limpieza y recogida de basura.

***La Agencia Tributaria ha abierto un expediente de infracción a Limasa III en el que reclama la devolución de 4,5 millones de euros por no declarar los ingresos por este canon.

****Limasa III intentó limpiar su mala reputación apareciendo en el programa de La SextaEl jefe infiltrado” donde se premió individualmente a 4 trabajadores y 1 trabajadora de una plantilla de más de 1.500 empleados, dando la sensación de que esa excepción era la regla y dejando de lado la mejora colectiva.