Dentro de la campaña en defensa de la educación pública ‘I love 5%’ del Movimiento Andaluz por la Educación Pública (MAEP) las dos formaciones han presentado una moción conjunta a pleno.

 

Los servicios públicos básicos, como la Educación y la Sanidad, son derechos que ha costado mucho lograr. Usando la crisis económica como excusa ideológica para desviar dinero de estas inversiones a gastos como rescates empresariales y bancarios, las políticas neoliberales de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España ponen en riesgo estos derechos. La prueba, a juicio de PODEMOS e IU, es el progresivo descenso de la inversión pública en dicho servicio desde 2009.

El resultado es una masificación de las aulas, la pérdida de puestos de trabajo y de líneas educativas así como el cierre de centros. El aumento de la ratio profesorado-alumnado conlleva una evidente bajada de la calidad educativa.

Esta disminución de la inversión supone un retroceso en la prestación de servicios tales como profesorado de apoyo, monitores, desdoble de grupos… es decir, el alumnado que presenta necesidades específicas es quien más está sufriendo la crisis. Se pierde capacidad de atención a la diversidad en los centros.

El descenso de la inversión educativa está provocando un deterioro físico en los centros, que cuenta con materiales obsoletos, mobiliario estropeado“los centros deberían ser la vanguardia tecnológica de la sociedad uno de los objetivos de cualquier sistema educativo que se precie es , por un lado, lograr el confort del alumnado y por otro la capacidad de desarrollar la competencia digital y tecnológica que les preparen para el futuro”.

Lo que se esconde detrás del deterioro de la calidad del servicio es allanar el terreno para su progresiva privatización, dado que los centros públicos pierden ventaja competitiva frente a los privados y concertados regados con dinero público. “Cuando se privatiza un servicio esencial, ya no se garantiza que su acceso sea universal ni igualitario: quien más tiene, más paga. Tampoco se garantiza su calidad ya que el objetivo central pasa a ser el beneficio económico frente a la prestación del servicio. Hay cosas que no pueden ser nunca un negocio.”

Por ello, IU y PODEMOS-CSSP pedirán al pleno del próximo viernes incluir en la Ley de Educación de Andalucía un precepto que garantice:

  • Que se destina un mínimo del 5% del PIB andaluz al presupuesto anual para financiar la educación no universitaria (actualmente se destina sólo un 3,5%).

  • Que la planificación de oferta de puestos escolares se hará conforme al aprovechamiento máximo de sus infraestructuras y según el máximo número de unidades que pueden albergar en su seno.

Los dos puntos están incluidos en una proposición de Ley presentada por PODEMOS Andalucía a la Junta de Andalucía dentro de la campaña ‘I love 5%’ del Movimiento Andaluz por la Educación Pública (MAEP), compuesto por diferentes colectivos, sindicatos y plataformas del sector de la educación pública y  que cuenta con el respaldo de PODEMOS Andalucía así como de IU.

Antonio Casares
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