(Marbella a 25 de marzo de 2021) El Gobierno municipal del PP en Marbella presentó un proyecto para finalizar un tramo de senda litoral como el que se puede ver en la imagen.
Una propuesta que fue aprobada y que cumple con la ley de costas ya que hace pasar la senda por una servidumbre de paso. En cambio, el trazado que se va a ejecutar finalmente no se corresponde con la propuesta inicial. Ni se ajusta a lo aprobado ni se ajusta a la legalidad pues pretende pasar por Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).


Los municipios necesitan permisos, que solo se conceden en casos extraordinarios, para poder construir sendas litorales en DPMT. Permisos que han de concederse por Demarcación de Costas y que el PP de Marbella solicitó, y se le fue rechazado, alegando unas obras de la acometida de saneamiento.

En rojo el tramo aprobado, el amarillo el que se va a ejecutar.

Estanislao Ron Pérez, portavoz del círculo, denuncia que se insista en dibujar un trazado que ha sido rechazado por Demarcación de Costas “Primero porque es falsa la acometida de saneamiento que se alegaba, segundo porque la realidad es que una vez más Ayuntamiento y Junta están funcionando como instrumentos, con el dinero de todos, para
los intereses económicos privados de unos pocos. En este caso del chiringuito Trocadero Arena. Al restaurante le molesta ver pasar a transeúntes por delante de sus mesas y el gobierno municipal simplemente se inclina”.


Estanislao, además, lamenta que con estos hechos “se ponga de relieve tan claramente que el modelo de restaurantes de playa que se impulsa en la ciudad no cumplen con el bien público que se le exige a este tipo de ocupaciones. Sino que son más bien clubs al alcance de unos pocos a los que les molesta ver pasar a la gente de a pie frente a sus narices.”
Desde la formación se exige que desde el Gobierno Municipal se cumpla con el proyecto aprobado y con la legalidad y se deje de trabajar para los intereses de unas élites que poco o nada miran por el bien común. “Trabajar para la gente no es sólo una exigencia moral si
se está en el poder, sino que es también un deber legal para las administraciones públicas”.

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